Régimen Jurídico y Económico de la Energía Eléctrica en la Provincia de Buenos Aires

Dr. Francisco Ramón Ucin

(Separata de la revista Ciencias Administrativas- Facultad de Ciencias Económicas de la U.N.L.P.Año X, nº 24, Set-Dic. 1967) y breve actualización al mes de Abril/2005

Introducción

Nos proponemos en este trabajo analizar las formas en que ha sido regulada jurídicamente la explotación del servicio público en la provincia de Buenos Aires, como así también los planes que en materia de electrificación se han ejecutado en el mismo ámbito.


Iniciamos nuestra labor con una reseña de los primeros antecedentes que nos ha sido posible ubicar sobre este tema. Pasamos a considerar en el capítulo II el régimen actual de la empresa estatal DEBA, para concluir en el último capítulo con la exposición de los dos planes de electrificación concretados en la Provincia.

Capítulo I

Antecedentes Históricos:

a) Situación anterior a 1934

La prestación del servicio público de electricidad en la provincia de Buenos Aires estuvo circunscripta en un principio al ámbito municipal.

Cada municipalidad prestaba por sí ese servicio o lo concedía a particulares mediante ordenanzas que no fueron siempre bien elaboradas. Este último sistema es el que más se utilizó.

Las municipalidades convenían directamente con un concesionario las condiciones de explotación, las que eran luego establecidas en la ordenanza respectiva.

Llegaron a funcionar así alrededor de 300 pequeñas usinas, obra de otras tantas iniciativas particulares independientes entre sí. [1]

Entre los años 1925 y 1930 muchas de estas usinas fueron adquiridas por grandes compañías que les dan a las mismas una organización distinta. Durante este período comienzan a actuar las siguientes compañías: CADE, Compañía Argentina de Electricidad; CEP, Compañía de Electricidad de la Provincia; CESA, Compañía de Electricidad del Sud Argentino; CIAE, Compañía Italo Argentino de Electricidad; SUDAM, Compañía Sudamericana de Servicios Públicos y Compañía Suizo-Argentino.

La acción de estas compañías se tradujo en un primer momento en un mejoramiento del servicio, tendiendo a asegurar la continuidad del mismo y a establecer en muchos casos una rebaja de las tarifas. Pero este último aspecto no duró mucho, llegando a cometerse verdaderos abusos. Por esta circunstancia, fundamentalmente, aparecen en el ámbito de la provincia las cooperativas de vecinos.

El movimiento cooperativo en la materia que analizamos se inició en el año 1926 en Punta Alta y al año siguiente en las localidades de Lima y Mercedes. [2] Fue el resultado del movimiento de los respectivos vecindarios tendientes a competir con los concesionarios anteriores.

Llegaron a tener vigencia en el período que estudiamos cuatro tipos de concesiones: 1) correspondientes a las grandes compañías; 2) otorgadas a contratistas independientes de las anteriores; 3) concesiones otorgadas a sociedades anónimas populares y cooperativas; y 4) concesiones provinciales para la producción y transporte de energía eléctrica con fines de interconexión.

Analizando las mismas dijo el ministro de Gobierno de la Provincia Dr. Roberto J. Noble en la Cámara de Diputados al considerarse en 1938 la ley n° 4742: "Como primera observación resultante de este análisis puede establecerse, en orden a la reglamentación del servicio concedido, una graduación en la que ocupan el primer término las concesiones otorgadas a las grandes empresas, en las que resulta fácil constatar un marcado progreso con el transcurso del tiempo, siguiendo las otorgadas a los pequeños concesionarios independientes, menos regladas, pero con normas bastantes detalladas, siendo las usinas llamadas "populares" anónimas locales y cooperaativas- las que ocupan el último lugar, pues sus contratos, cuando existen, y salvo raras excepciones, carecen de todo elemento regulador de las derechos y obligaciones de las partes, limitándose, por lo general, a simples autorizaciones para el uso de las vías públicas." .... "Una segunda observación, de carácter general para todas las concesiones es la existencia de marcadas anomalías derivadas de la falta de un adecuado asesoramiento a las municipalidades en el momento de otorgar las concesiones, lo que en el proyecto de ley se subsana, facultando a la Dirección de Servicios de Electricidad el asesorar a las municipalidades". [3]

Cabe señalar con respecto a esta última observación que aún cuando se cita como primer antecedente de la actual Dirección de la Energía de la Provincia de Buenos Aires la ley n° 2381 del 22 de octubre de 1890 que creó el Departamento de Ingenieros dependiente del Ministerio de Obras Públicas, fue recién en el año 1939, al entrar en vigencia la ley 4742, cuando se atribuyó la función de asesoramiento a municipalidades a un órgano provincial.

b) Constitución Provincial de 1934

Al reunirse en 1934 la Convención encargada de reformar la Constitución entonces vigente -sancionada el 22 de octubre de 1889-, se consideró el estado en que se encontraba la prestación del servicio público de electricidad en la Provincia.

Se trató este tema al abordar la Sección Sexta denominada: "Del Régimen Municipal".

Al iniciarse el debate sobre las reformas a introducirse en esta Sección, el convencional Antonio Borrás (representante del Partido Socialista por la Segunda Sección electoral) manifestó: "otra de las atribuciones municipales que queremos marcar especialmente, pero a la que no me voy a referir sino con pocas palabras, es la concerniente a las concesiones para la provisión de servicios públicos -especialmente de los servicios de electricidad- en los pueblos y ciudades, cuestión ésta que hoy constituye un verdadero problema en la provincia, que agita a un número estimable de vecindarios y que, por lo tanto, debe ser contemplada en la propia constitución del Estado, a fin de que esta clase de servicios pueda verse mejorada en el futuro y para que vaya despejándose la situación en que hoy se encuentran muchas municipalidades, comprometidas en verdaderos conflictos con empresas concesionarias extranjeras". [4]

No obstante surgir de dichas palabras la necesidad de reconocer expresamente la facultad municipal que el convencional Borrás apuntaba, en el texto definitivo de la Constitución sólo se incluyó un inciso referido al tema que examinamos: el 8° del artículo 183 actual.

Dicho inciso, incluido en el artículo referido a las atribuciones inherentes al régimen municipal, dice textualmente:

"Constituir consorcios de municipalidades y cooperativas de vecinos a los fines de la creación de superusinas generadoras de energía eléctrica".

Esta norma, como vemos, se refiere únicamente a la posibilidad de que las municipalidades intervengan en el establecimiento de grandes usinas.

Fue propuesta por el convencional Rogelio R. Ameri (representante del Partido Socialista por la Segunda Sección electoral) en la sesión del 22 de noviembre de 1934.

El convencional Atilio Roncoroni, representante del otro partido que actuó en la convención (Partido Demócrata Nacional) manifestó su apoyo a la iniciativa del Sr. Ameri no sin antes señalar que lo hacía pues él había sido precisamente el gestor del artículo 105 de la Ley Orgánica Municipal que contemplaba una atribución similar. [5]

Cabe agregar aquí, que la conveniencia de construir grandes usinas regionales para abastecer a zonas más o menos amplias, fue claramente expuesta durante las reuniones de la Convención por el convencional Dr. Nicolás Repetto quien señaló: "¿Para qué hacer ahora usinas eléctricas en todos los pueblos, villas y pequeñas ciudades de la Provincia? ¿Para qué instalar en ellas usinas pequeñas, para qué cien usinas generadoras, cuando pudieran bastar tal vez diez, o tal vez cinco? ¿Para qué repetir los gastos de administración en toda la Provincia? ¿Quién va a soportar, o quién va a costear estos gastos sino la Provincia, sino sus fuentes de trabajo? ¿Quién va a sufrir sino la prosperidad de la Provincia, con esta repetición de gastos y de representaciones, en perjuicio del progreso técnico y del confort de los hogares, en una preocupación de luchar con organizaciones poderosas, que disponen a veces de recursos omnímodos? Los municipios no necesitan fabricar ellos la energía eléctrica, sino que lo que necesitan es tenerla ya lista, ya producida y entregarse a la tarea más simple de su distribución a domicilio y para los servicios públicos. Los municipios -afirmaba en otra reunión- podrán realizar también ellos obra eficaz y no sería nunca invertir los fondos y actividades de una municipalidad en una obra estéril, asociándose para este esfuerzo destinado a proveerla de energía eléctrica."[6]

Nos hemos detenido brevemente en la consideración del problema que examinamos por parte de la Convención de 1934 en razón de que el texto que ella sancionó fue diversamente interpretado cuando se gestó la ley 4742.

c) Sanción de la ley 4742

Esta es la primera ley que se sancionó en la Provincia de Buenos Aires estableciendo un régimen orgánico sobre energía eléctrica.

Anteriormente se habían sancionado leyes que versaban sobre temas directamente ligados al que ahora tratamos, por ejemplo leyes concediendo el uso de caminos provinciales para el transporte de energía eléctrica: N° 3872 del 19 de octubre de 1926 a favor de la Compañía Anglo Argentina de Electricidad, pero lo cierto es que ninguna de ellas imponía un régimen integral como lo hace esta ley.

Con fecha 12 de diciembre de 1938, el P.E. envió a la Honorable Legislatura el proyecto respectivo por intermedio del Ministerio de Gobierno, acompañándolo de un mensaje en el que abunda en consideraciones sobre la necesidad de ordenar legislativamente todo lo referido a los servicios de electricidad en la Provincia. [7]

Dicho proyecto se trató en las sesiones del mismo año, sancionándose el día 28 de diciembre. Se promulgó el 5 de enero de 1939.

Consta la ley 4742 de 22 Artículos, divididos en cinco capítulos denominados: 1°) Del carácter del servicio y de la organización administrativa para su ordenación y control; 2°) Jurisdicciones; 3°) Municipalización del Servicio; 4°) Régimen general de las concesiones del servicio; 5°) Empresas mixtas.

Por el Art. 1° se declara servicio público el suministro de energía eléctrica, reconociéndose así legislativamente una realidad social ya que se trata indiscutiblemente de una actividad destinada a satisfacer necesidades colectivas, que requiere por lo mismo, el contralor del poder público.

Dicho contralor ha de estar a cargo de la Provincia o Municipalidades según su respectiva jurisdicción.

Por el Art. 3° se crea la Dirección de Servicios de Electricidad a la que se le confieren entre otras las siguientes facultades:

"a) Estudiar sistemáticamente las necesidades de energía eléctrica, urbanas, industriales y rurales de la Provincia; b) Estudiar las modalidades regionales o locales del suministro de electricidad en la Provincia, teniendo en cuenta la densidad y distribución de población; d) Proponer al Poder Ejecutivo o a las Municipalidades, según corresponda, las medidas conducentes a la utilización de la energía eléctrica en las labores del campo, y especialmente las de granja e industrias agronómicas, fomentando a tal fin la producción de electricidad por sociedades cooperativas en zonas rurales no abastecidas; f) Asesorar al Gobierno de la Provincia y a las Municipalidades en la preparación de leyes y ordenanzas relacionadas con el suministro de electricidad; g) Fiscalizar los servicios de jurisdicción provincial y los de los Partidos Municipales que lo hayan municipalizado"[8]

De acuerdo a los incisos que extractadamente hemos consignado, advertimos que se acuerdan al órgano administrativo creado importantes funciones, que implican la asunción por parte de la Provincia de una actividad de estudio, asesoramiento y fiscalización.

Motivo de especial preocupación al tramitarse esta ley fue determinar con precisión la jurisdicción provincial y municipal.

Ante las interpretaciones que daba lugar el texto constitucional de 1934 que hemos comentado, el Ministro de Gobierno Dr. Roberto J. Noble se encargó de precisar durante el discurso pronunciado en la Cámara de Diputados el pensamiento que en este tópico había guiado al poder Ejecutivo diciendo: "Inmediatamente, señor Presidente, se suscitaba esta otra cuestión:

¿Siendo facultad de la Provincia, puede la misma legislar o es privativo de las municipalidades hacerlo? Nos hemos respondido, y así lo hemos consignado en la ley que, dentro de su área territorial, es del resorte de las municipalidades conceder, organizar y vigilar el suministro de electricidad. Pero fuera de su área, en lo que ultrapase los límites de los Partidos, es facultad indiscutible de la Provincia establecer su jurisdicción. Lo dice la Constitución provincial; lo repite la ley municipal; lo afirma el criterio seguido en la ley provincial de vialidad y lo comprueban las leyes de interconexiones sancionadas por esta legislatura y, especialmente, lo exige el interés general que está detrás de este problema, que, como ya veremos, no se circunscribe a la producción de luz residencial y para el alumbrado público, sino que demanda, fundamentalmente, para promover y acelerar el proceso industrial de la Provincia, la producción en gran escala de fuerza motriz.

Quedaba subsistente otra cuestión también despejada en el proyecto de ley. Frente a un interés superior, a ese interés público a que he aludido ¿pueden las municipalidades amurallarse en derechos primarios, anteriores a la formación del Estado provincial o Nación, pero no reconocidos expresamente por las respectivas constituciones? ¿En todo lo que no les está expresamente concedido por la Constitución provincial, puede o no legislar la provincia? ¿Hay una relación de círculos concéntricos entre la órbita de los poderes nacionales, provinciales y municipales o son tangenciales? Los poderes de las municipalidades, dicho de otro modo, en lo que no está expresamente configurado por la carta constitucional ¿pueden ser ampliados o restringidos por esta Legislatura? ¿Es o no un valladar insalvable e inmodificable la Ley Orgánica de las Municipalidades? ¿Se puede modificar por otra ley?

La contestación es categórica: se puede modificar por otra ley. Y se puede modificar porque la Constitución de la Provincia al organizar las municipalidades sólo fija como esenciales unas cuantas atribuciones que considera propias del régimen municipal, dejando a cargo de la ley las demás, y como de los servicios de luz y fuerza eléctrica no se habla sino en el inciso 8° del artículo 183 de la Constitución, es la ley, sin más limitaciones que las derivadas de la lógica de los legisladores, la destinada a regir esta clase de actividades.

De aquí que el proyecto de ley, aún admitiendo que en principio quedan sometidos a la jurisdicción municipal los servicios locales de suministros de electricidad (Art. 8°), ha podido legalmente condicionar las atribuciones de las municipalidades estableciendo los extremos a que deberán ajustarse para decidir la prestación, por su cuenta propia y mediante su municipalización, de los servicios eléctricos (Art. 10) ; para constatar, al conceder su prestación a los particulares, el mínimo de capacidad técnica y económica que éstos deberán acreditar (Arts. 12 y 13); para otorgar nuevas concesiones en las localidades donde el servicio ya esté organizado (Arts. 12, inciso g) y 16) y para autorizar la interconexión de los sistemas y coordinación de los servicios eléctricos (Art. 17).[9]

Luego de señalar sus aspectos más importantes, digamos que esta ley tuvo escasa vigencia ya que el gobierno surgido de la revolución del 4 de junio de 1943 la derogó mediante el "Decreto Acuerdo" N° 8173 del 1° de junio de 1944, ratificado en 1946 por ley N° 5105.

d) Leyes 5156 y 5239

En el año 1947 se sancionaron estas leyes sumamente importantes para la materia que analizamos.

Le ley 5156 establece un nuevo régimen para el servicio público de electricidad. Por el Art. 1° se declaran de utilidad pública y sujetas a expropiación, las instalaciones, inmuebles y bienes en general afectados a la producción, transporte y/o distribución de energía eléctrica destinada al servicio público.

Es de suma importancia este artículo ya que en virtud de él se efectuaron diversas expropiaciones pasando numerosas usinas a ser propiedad de la Provincia; (25 de Mayo, Lobos, Bragado, Chivilcoy, Mercedes, Bahía Blanca, Miramar, Dolores, Chascomús y Coronel Suárez).

A partir de esta ley el Estado provincial pasa a desempeñar un papel sumamente activo como prestador directo del servicio y orientador de una política energética. Se ponía así a la altura de nuevos requerimientos como bien lo puntualizó el Senador Bollini, quien al informar el proyecto respectivo en nombre de la Comisión de Legislación General, señaló: "Derogada la ley 4742 y convertido en ley el Decreto 8173 dictado por la Intervención Federal, ésta corrige la parte tan resistida por los usuarios y las cooperativas eléctricas. A pesar de esta evidente ventaja, es de hacer notar que el referido decreto, convertido en ley, no se adapta al concepto moderno de la legislación actual. Todavía, este servicio público de la electricidad se realiza casi totalmente por delegación del poder Público, mediante las llamadas concesiones, y precisamente este proyecto que estamos considerando, tiende, aunque en forma paulatina, a que este servicio público pase a ser resorte del Estado[10]

Con miras a ello se establece en el Art. 2° que a partir de la fecha de promulgación, la Provincia o las Municipalidades no otorgarán nuevas concesiones a empresas privadas o particulares, ni renovarán ni ampliarán las vigentes.

En el Art. 3° se excluye de dicha prohibición a las cooperativas eléctricas y organismos análogos de economía mixta, integrados exclusivamente por el poder público y los usuarios o los consorcios constituidos por municipalidades.

La acción de la Provincia se hará efectiva a través de la Dirección de Servicios de Electricidad creada por el Art. 16, a la que se le asignan, entre otras, las siguientes funciones: estudiar las necesidades de energía eléctrica urbana, industriales y rurales de la provincia; compilar las ordenanzas vigentes sobre electricidad y reunir elementos estadísticos sobre esta producción, aplicación y consumo de energía eléctrica; asesorar a las Municipalidades que lo requieran, etc.[11]

El Art. 17 deroga en todas sus partes la ley N° 4742. Es esta una disposición incluida en forma innecesaria porque como hemos señalado ya, esa derogación se había efectuado con anterioridad.

La otra ley de importancia que se sancionó en 1947 es la N° 5239 denominada "Ley de Electrificación de la Provincia de Buenos Aires".

Se faculta por esta ley a la Dirección de Electricidad y Mecánica (nueva denominación de la Dirección de Servicios de Electricidad) a proponer al Poder Ejecutivo la primera etapa de un plan general de electrificación. Nos referimos al mismo con detenimiento en el capítulo III de este trabajo.

Se inicia en 1947 como podemos apreciar una nueva etapa en la provincia de Buenos Aires, caracterizada por el papel sumamente activo que asume el órgano estatal.

Durante diez años, la Dirección de Electricidad y Mecánica (DEMBA) tiene a su cargo además de las funciones que caracterizaron a las reparticiones precedentes, la prestación del servicio en diversas localidades y la ejecución de numerosas obras comprendidas en el primer plan de electrificación.

La importancia creciente de sus funciones, impone en 1957 la necesidad de conferirle un nuevo régimen. Se dicta así el decreto-ley 21202, actualmente vigente, que analizaremos en el capítulo siguiente.

Capítulo II

Creación de la Dirección de la Energía de la Provincia de Buenos Aires como entidad autárquica. Análisis de su organización

Como hemos señalado anteriormente, la Dirección de Electricidad y Mecánica (DEMBA) dependiente del Ministerio de Obras Públicas, vio crecer día a día la importancia de los servicios que prestaba.

Por esto y por la necesidad evidente de dotarla de una organización administrativa práctica y rápida acorde con la misión encomendada se decidió declararla autárquica por Decreto-Ley 21202 del 20 de noviembre de 1957, pasando a denominarse a partir de entonces, Dirección de la Energía de la Provincia de Buenos Aires (DEBA).

Como podrá apreciarse en el diagrama antecedente, el instrumento legal premencionado proporciona a través de cuarenta y ocho artículos distribuidos en cinco capítulos y una parte anexa de disposiciones transitorias, el cúmulo de elementos que harán al quehacer de la entidad citada.

En el primer capítulo: "Creación y Objeto", se le reconoce expresamente personalidad jurídica para actuar pública y privadamente, determinándose asimismo como su finalidad esencial "el estudio y consideración de los problemas de la energía eléctrica con el objeto de procurar la satisfacción adecuada de las necesidades generales de la Provincia y su resolución en la esfera de su competencia" (Art.1).

Para el cumplimiento de esta finalidad se le otorgan por el artículo 2°, numerosas atribuciones de derecho público y privado, a saber: a) producir, transformar, transportar, distribuir, comprar y vender energía eléctrica; b) construir y explotar fábricas de energía eléctrica y demás instalaciones necesarias; c) proyectar la electrificación racional de la Provincia; d) suscribir acciones de sociedades cooperativas con el objeto de facilitar la financiación de obras de instalación y/o ampliación para generar o distribuir energía eléctrica; e) arrendar grupos electrógenos; f) coordinar con la Nación, Provincias o con sus entes delegados y municipales, ad-referendum del Poder Ejecutivo todo lo referente a la producción, transporte, distribución y compra-venta de energía eléctrica dentro y fuera del territorio de la Provincia; g) controlar toda fuente energética que tenga como fin generar energía eléctrica destinada a servicios públicos; i) asesorar a las municipalidades que lo requieran; etc.

En el segundo capítulo: "Organización", se determina la forma en que DEBA procederá a su propia administración, principio "sine qua non" de toda autarquía. Se establecen al respecto, el Consejo de Administración y el Consejo Técnico.

El primero tendrá a su cargo la dirección y administración de la empresa, para lo que estará "compuesto por un presidente, un Director Técnico ingeniero y cuatro directores, de los cuales, tres deberán ser respectivamente, abogado, ingeniero y profesional en Ciencias Económicas" (Art. 4°). Para la designación de los últimos (directores) se introduce una interesante novedad, ya que el Poder Ejecutivo deberá enmarcar su elección al ámbito de aquellas especialidades cuya participación se determina. Este principio ya había sido aplicado en ocasión de dictarse el Decreto-Ley 7823/56 confiriendo autarquía a la Dirección de Vialidad.[12]

Para facilitar el cumplimiento de las finalidades mencionadas anteriormente, se le asignan numerosas facultades, las que tienden a convertir al organismo que analizamos, en colaborador eficacísimo del Poder Central en materia de energía eléctrica. No obstante, el mismo se reserva poderes de control y de intervención, teniendo lugar este último cuando existan irregularidades o ineficiencias debidamente fundadas en la prestación del servicio.

En este capítulo se determina también (Art. 10) que en todas aquellas operaciones o actos administrativos que puedan afectar intereses fiscales y que se hallan especificados en el Art. 19 de la Ley 4371/35, modificado por Decreto-Ley 2007/58, deberá darse intervención al Fiscal de Estado.

La representación en juicio de DEBA será ejercida por Fiscalía de Estado (Art. 11) la que podrá requerir para tal fin el concurso de los funcionarios letrados de aquella.

El Consejo Técnico por su parte, tiene a su cargo todo lo atinente a la marcha interna de la Repartición, contando entre otras importantes funciones, la de abocarse con profundidad y exclusividad al estudio de todas aquellas cuestiones que estén directamente relacionadas con la misión preindicada.

En el capítulo tercero: "Patrimonio-Gestión Económico Financiera y Régimen de Contrataciones" se establece que el patrimonio de la nueva entidad estará formado inicialmente por los bienes, créditos, derechos y obligaciones que le transfiera su antecesora.

En el artículo veinte a su vez, se enumeran las distintas fuentes de donde provendrán sus recursos. Ellas que son de naturaleza tanto pública como privada, constituyen un cuadro tan diverso como amplio. Entre las más importantes podemos citar: tasas y tarifas (inc. A); donaciones y legados (inc. C); el Presupuesto o leyes especiales (inc. F); el Fondo Especial Compensatorio o cualquier otro similar (inc. I); la suscripción de acciones (inc. J); la locación y venta de inmuebles aprobada esta última por el poder Ejecutivo, (inc. ll).

Todo lo concerniente al establecimiento y ulterior empleo de superávits cuando los hubiera, está a cargo del Consejo de Administración.

En punto a contrataciones, se establece que ellas deberán ser realizadas de acuerdo a lo que estipulan las leyes de Contabilidad y Obras Públicas (Art. 23) autorizándose al Consejo de Administración (Art. 6) inciso rr), a ejercer todas las facultades que dichos instrumentos otorgan al Poder Ejecutivo.

En el capítulo cuarto: "Del Personal", se fijan los lineamientos generales del régimen al que estará sometido el mismo asegurándosele los beneficios de estabilidad y escalafón. El primero se mantendrá mientras dure su buena conducta e idoneidad, siendo todos estos principios de neta raigambre constitucional (Constitución de la Provincia de Buenos Aires, Art. 90 inc. 12).

Su vigencia está reducida al personal superior que abarca en la Administración Central hasta jefe de Sección, por cuanto para el resto, sea Administrativo, Técnico o Manual, rigen los Convenios Colectivos de Trabajo que suscribe con la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza.

En el capítulo quinto: "Régimen del Servicio", se dan numerosas atribuciones con el objeto de asegurar el suministro de energía. Con tal motivo DEBA está provista de una serie de poderes propios de la administración Central. Así: "podrá suspender la prestación del servicio en todas las categorías, cuando se viole el contrato de suministro" (Art. 30): "podrá aplicar multas cuando se acreditaren transgresiones u omisiones a los términos del suministro por parte del usuario, sin perjuicio de disponer la cancelación del mismo" (Art. 31); podrá sancionar con multa también cuando al "solicitar a las entidades productoras o distribuidoras de energía eléctrica, las informaciones y datos que estime necesarios" (Art. 2° inc. k) estas se nieguen a proporcionarlos o incurran en falsedad (Art. 32); queda facultada para efectuar el cobro judicial de facturas, derechos y "todo otro crédito fiscal" rigiendo para estos casos la vía del apremio, como igualmente "para realizar transacciones y celebrar acuerdos judiciales" (Art. 33).

También podrá apelar a la fuerza pública "toda vez que a su juicio sea indispensable para poner en ejercicio cualquier atribución conferida por el presente decreto-ley" (Art. 34).

Se le brinda asimismo un régimen especial de exenciones impositivas quedando eximida de toda carga provincial. El Poder Ejecutivo por su parte, podrá gestionar ante la Nación una disminución de los impuestos que gravan la importación de elementos necesarios a sus fines.

Se autoriza también al Ejecutivo a "transferir a la Dirección de la Energía a título gratuito, los terrenos fiscales que sean necesarios para la ejecución de sus obras" (Art. 37). Se regulan al finalizar el capítulo las relaciones que debe mantener la Dirección con las Municipalidades y en las que mantiene siempre una situación preponderante.

En las "Disposiciones Transitorias", se dan medidas tendientes a allanar las dificultades que pudieran oponerse a la entrada en vigencia del nuevo organismo y se regulan asimismo, distintos aspectos formales atinentes a la transferencia de actividades que origina.

Digamos por último que el Decreto-Ley 21202 ha sido ratificado por la ley 5857 del 3 de junio de 1958 y reglamentado por el decreto N° 491 de 1962.

Capítulo III

Planes de electrificación de la Provincia de Buenos Aires

Sumario: Ley de Electrificación de la Provincia de Buenos Aires N° 5239; b) Plan de Obras Públicas (Ley N° 6004).

Hemos expuesto en el capítulo primero los antecedentes jurídicos existentes en la materia que abordamos, mientras que en el segundo hemos analizado el régimen acordado a la Dirección de la Energía desde 1957 a la fecha. Nos proponemos en este tercer capítulo comentar la labor desarrollada por la Provincia en materia de electrificación refiriéndonos para ello a las leyes 5239 y 6004.

a) Ley de Electrificación de la Provincia de Buenos Aires N° 5239

Esta ley que consta de 16 artículos fue sancionada el 30 de octubre de 1947 y promulgada el día 13 de noviembre del mismo año.

Se fija en el artículo 2° de la misma un plazo de 120 días a partir de la fecha de promulgación para que la Dirección de Electricidad y Mecánica proponga al Poder Ejecutivo la primera etapa del plan general de electrificación de la Provincia tendiente a satisfacer racionalmente la demanda de energía. Se indica en el mismo artículo el plan al que deberá sujetarse el desarrollo analítico de esa primera etapa, el que comprende instalación de centrales regionales, de líneas de alta tensión, de centrales y redes de distribución para abastecer una o más localidades de un partido, etc.

Se previó para su financiación hasta la suma de $ 300.000.000 autorizándose al Poder Ejecutivo a emitir títulos de la deuda consolidada de la Provincia o a contratar uno o más empréstitos internos con un interés no mayor del cuatro por ciento y una amortización anual acumulativa del uno por ciento o más (Art. 9°).

Se estableció en el Art. 13 que todo lo que fuera materia de dicha ley sería atendido por la Dirección de Electricidad y Mecánica, la que quedaba facultada para requerir al Poder Ejecutivo el auxilio de la fuerza pública toda vez que fuera indispensable (Art. 15).

Por el artículo 14 se declararon de utilidad pública y sujetos a expropiación o constitución de servidumbres los bienes inmuebles o muebles necesarios para la realización de los fines de la ley.

Para el cumplimiento de la misma se dividió la Provincia en cuatro zonas como puede apreciarse en el mapa agregado al final de este trabajo como Anexo N° I. Dicha zonificación se efectuó atendiendo a la importancia y ubicación de los distintos centros de consumo y a las características y necesidades reales de los partidos de la Provincia.

Formulada la demarcación de las distintas zonas se procedió a la ubicación de Centrales Eléctricas y líneas de transporte de energía previendo la posibilidad de futuras interconexiones interzonales o con sistemas de la Nación y procurando la eliminación de aquellos pequeños centros cuya explotación resultase antieconómica.

En función de dichos principios se planeó la primera etapa que comprendería obras a realizarse en la zona de partidos aledaños a la Capital Federal y en el resto de la Provincia.

1) Zona aledaña a la Capital Federal.

El Art. 2° inc. a) de la ley preveía la instalación de una o varias centrales de una potencia total de por lo menos 50.000 kW destinadas a servir los partidos de Avellaneda, Cuatro de Junio (Hoy Lanus), Lomas de Zamora, Almirante Brown, Florencio Varela, Quilmes, Las Conchas, San Fernando, San Isidro, Vicente López, San Martín y Matanza, por un monto de $ 131.000.000.

2) Interior de la Provincia de Buenos Airez (Zonas I, II, III y IV).

Se programó dentro de la Zona I un sistema interconectado en 66.000 V, apoyado en cuatro centrales con ubicación en las localidades de Zárate, Chivilcoy, San Nicolás y Junín de las siguientes potencias iniciales:

Zárate: turbinas a vapor ...........................12.000 kW

San Nicolás: turbinas a vapor .................... 15.000 kW

Chivilcoy: Diésel .......................................12.000 kW

Junín: Diésel ............................................. 8.400 kW

Este sistema alimentaría las principales localidades de la zona contemplándose para una oportunidad futura su ramificación mediante líneas distribuidoras de menor tensión a fin de cubrir las necesidades de los restantes centros poblados.

Se previó instalar centrales en Dolores, Chascomús y Magdalena con un total de 4.750 kW y en Balcarce con una potencia de 1.550 kW incluyendo en este último caso la construcción de nuevas redes de distribución.

Se incluyó en esta primera etapa también la reconstrucción de la Central 25 de Mayo, estudio del aprovechamiento hidroeléctrico del Río Arrecifes, adquisición de instalaciones existentes, etc.

En síntesis: para la primera etapa del plan y por un total de $ 300.000.000 se previó la realización de: 10 Centrales con una potencia de 54.350 kW; 590 kW de líneas de alta tensión; nuevas redes y reestructuración de otras en localidades a servir en la primera etapa.

Numerosos factores conspiraron contra el plan de obras esbozado pudiendo citarse entre los mismos: planes de inversiones que no estaban de acuerdo con el programa de trabajo trazado; interferencia de la acción nacional no sujeta a plan alguno que obligó a modificar el que hemos comentado; y por último carencia de un mecanismo administrativo compatible con el tipo de tareas a desarrollarse que facilitara su concreción en lugar de trabarlos como en realidad ocurrió.

Por dichas circunstancias, hacia fines de 1955 las únicas localidades integralmente abastecidas con instalaciones adecuadas vinieron a ser Chascomús y Dolores. Se concluyó la línea de alta tensión (66.000 v) Chivilcoy-Bragado-25 de Mayo, la red de distribución de esta última localidad, y se puso en funcionamiento el primer grupo de los seis de 3.150 kW que componen la central eléctrica de Chivilcoy.

Correlativamente el Estado Nacional realizó distintas obras entre las que cabe citar dada su importancia las Centrales de Mar del Plata de 20 Mw y San Nicolás de 320 Mw y la línea de alta tensión entre la última de dichas ciudades y Morón.

c) Plan de Obras Eléctricas (Ley 6004)

Con el objeto de promover la reactivación económica de la Provincia y corregir su estructura económico-social gravemente deformada al concentrarse en la zona vecina a la Capital Federal en una superficie equivalente al 31% de su territorio, el 50% de la población, el Poder Ejecutivo, a través de la Dirección de Energía, elaboró el Plan de Obras Eléctricas a desarrollarse durante el período 1959-1962.

Dicho plan fue aprobado por la ley 6004 sancionada el 22 de diciembre de 1958 y promulgada el 14 de enero de 1959. Consta dicha ley de 27 artículos.

Por el artículo 2° de la misma se autorizó la realización por la Dirección de la Energía de las obras previstas, divididas en veintisiete unidades para las que se contempló un crédito de $ 3.894.000.000.

Para la financiación del plan se computaron recursos de distinta naturaleza que fueron clasificados por el artículo 5° de la ley en ordinarios y extraordinarios. Se incluyeron en la primera categoría: los provenientes de la ley 5880 (que crea un impuesto por kilowat hora consumido destinado a formar el fondo especial para obras eléctricas en la Provincia de Buenos Aires), de Rentas Generales, del producido de los servicios eléctricos provinciales una vez pagados los gastos de explotación, del superávit financiero de los planes anuales de inversiones aprobados por la ley, y de las amortizaciones de las instalaciones después de ingresadas al patrimonio de la Dirección de la Energía, mientras que en la segunda: la contribución de particulares (para la realización de obras de carácter local), el producido de la venta de materiales, equipos y elementos, y en último término aportes, participaciones, subvenciones y donaciones del Estado (Nacional, Provincial o Municipal) y de particulares.

En los artículos siguientes se otorgaron a la Dirección de la Energía numerosas facultades de índole contable para favorecer su cometido.

Por el artículo 17 se declararon de utilidad pública y sujetos a expropiación los bienes inmuebles o muebles necesarios para el cumplimiento de los fines de la ley.

Representan los señalados precedentemente, aspectos sumamente importantes de la ley que analizamos.

Pasamos a comentar ahora lo relacionado con su ejecución.

En el programa de realizaciones se tuvo en cuenta el concurso coordinado de organismos nacionales y municipales o locales, persiguiéndose con ello el mejor aprovechamiento del potencial energético y de las inversiones a realizar.

Se previeron así como obras a ejecutar por la Nación: las del sistema interconectado que comprende la zona de influencia de la Capital Federal; las subestaciones reductoras de la línea San Nicolás-Morón; ampliación de la Central Eléctrica de Mar del Plata para el abastecimiento adecuado de dicha ciudad y su zona de influencia; aprovechamiento de recursos hidroeléctricos extraprovinciales que con sus obras de transmisión permitan el abastecimiento a la Provincia (Central de Huelches y Chocón).

La participación municipal o local ha sido prevista también como necesaria ante la imposibilidad de que la Provincia llegue con la solución adecuada en todo el ámbito de su territorio. Por ello se entendió conveniente que DEBA encarase las soluciones básicas con algunos sistemas regionales y realice las obras troncales de distribución quedando a cargo de los organismos locales (municipalidades y cooperativas), la ejecución de obras secundarias, para lo que cuentan con el apoyo técnico y financiero de la Provincia expresamente contemplado en la Ley 6004.

Para la ejecución de las obras a cargo de la Provincia se consideró a la mismas divididas en cinco zonas cuyos límites coinciden en gran medida con las cuatro que se tuvieron en cuenta para el Plan anterior según puede verse en el mapa agregado al final de este trabajo (Anexo I). Seguidamente, al exponer las obras realizadas hemos de dar las características de la zona.

Zona I: Abarca partidos de gran densidad de población situados en el área de influencia de la Capital Federal aunque sin incluirla. Vive en esta zona el 50% de los habitantes de la provincia y se consume en ella el 80% de la energía que se produce en el mismo ámbito (provincial).

Desde el punto de vista eléctrico tiene una dependencia casi absoluta de las centrales ubicadas en la Capital.

No obstante, se incluyó en el Plan una reducida partida de inversiones para completar obras de distribución no previstas por la Nación: ej. línea y subestación para el suministro de energía a Magdalena desde La Plata, (Ley 6004, artículo 2°, unidad de obra N° 1).

Zona II: Esta zona comprende localidades ubicadas entre sí a una distancia promedio de 50 Km. Muchas de ellas poseen una creciente actividad industrial como Chivilcoy, Mercedes, Bragado, Junín, San Nicolás, Campana. En general, en el resto, la economía se basa en la actividad agrícola y ganadera. Abarca una superficie de 62.500 Km2, ascendiendo a 1.000.000 el número de sus habitantes.

Como ya hemos explicado, en el primer Plan se previeron obras para esta zona que por distintos motivos no se pudieron concretar en su integridad. La intención perseguida entonces, coincidente con la del plan que ahora analizamos, fue establecer un sistema de electrificación que mediante generación centralizada y distribución por red de alta tensión permita abastecer todas las localidades de la zona. Dicha red está alimentada desde tres puntos: Chivilcoy, San Nicolás y Morón. Las realizaciones más importantes para esta zona son:

1. Ampliación de la Central de Chivilcoy con la incorporación de 12 MW más;

2. Línea de 132 kV San Nicolás-Pergamino-Junín con las subestaciones correspondientes. Por esta línea se canaliza parte del aporte de San Nicolás y de ella se deriva energía a otras localidades (Colón, Rojas, etc.);

3. Línea Morón-Luján con la subestación de esta última localidad en donde se enlazará con el sistema que pasando por Mercedes llega a Chivilcoy. Desde Luján parte la línea de 66 kV que une dicha ciudad con Las Heras y Lobos posibilitando además el abastecimiento de Monte, Navarro y Roque Pérez;

4. Línea Pergamino-Luján de 66 kV construida con fines de seguridad del sistema y distribución a Arrecifes, S. Lucía, Salto, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco y San Andrés de Giles;

5. Conclusión de subestaciones en Chivilcoy, Alberti, Bragado, 25 de Mayo, Chacabuco, y construcción en Mercedes además del tendido de la línea 25 de Mayo-Saladillo con la correspondiente subestación.

En esta zona la potencia instalada antes de la ejecución del Plan no alcanzaba a 60.000 kW. Las obras ejecutadas han permitido la incorporación de 70.000 kW aproximadamente. El consumo por habitante se ha elevado de 200 kW/h a 400 kW/h.

Zona III: Encontramos en está, localidades ubicadas a mayor distancia que la anterior pero que ofrecen como contrapartida importantes núcleos de población, por ej. Olavarría, Tandil, Necochea, Balcarce y Mar del Plata.

Posee esta zona una importante costa atlántica con puertos de intenso tráfico y una actividad pesquera y turística de enorme relevancia. Nos encontramos además en ella con dos sistemas de sierras con gran capacidad productiva de cerámica, piedras de construcción y cemento. Sus tierras son igualmente aptas para la actividad agrícola y ganadera. Cubre una superficie de 113.000 km2 agrupando alrededor de 800.000 habitantes.

Como ya dijimos al referirnos al primer Plan, durante la vigencia del mismo se construyeron las Centrales de Chascomús y Dolores de 1.800 kW cada una. En el que ahora comentamos se incluyó la ampliación de las mismas elevando en cada caso su potencia total a 4.500 kW.

Se han construido además las líneas necesarias para abastecer la zona de influencia de dichas centrales. Son ellas: Chascomús - Ranchos - General Belgrano; Chascomús - Lezama - Pila; Dolores - Seigné - Castelli; y Dolores - Guido - Maipú.

Se construyeron también dentro de esta zona las obras correspondientes al abastecimiento de Balcarce desde Mar del Plata.

Un problema importante de esta zona fue el relacionado con el abastecimiento energético del centro industrial Olavarría-Azul en combinación con la región costera Necochea-Mar del Plata. Se obtuvo la solución del mismo con la instalación de la Central termoeléctrica de Necochea de una potencia inicial de 60 MW (pero prevista para ser ampliada a 180 MW), y el tendido de las líneas de transmisión Necochea-Tandil-Olavarría, Olavarría-Azul, Necochea-Lobería, Necochea-González Chavés de donde se extiende el sistema a Juárez y Tres Arroyos, Tandil-Ayacucho y Tandil-Rauch. Actualmente se halla en construcción el cierre de este circuito con el tendido de la línea Olavarría-González Chavés.

La potencia instalada en esta zona antes de la ejecución del Plan era de 80.000 kW. Las obras citadas han permitido la incorporación de 150.000 kW. El consumo por habitante ha pasado de 200 kW/hora a 400 kW/hora.

Zona IV: Abarca el sector Sud-Oeste de la provincia en el que se destacan como ciudades más importantes Bahía Blanca y Tres Arroyos. Excepto en la primera ciudad donde se ha concentrado una importante actividad comercial e industrial, el resto de la región se caracteriza por la labor agropecuaria. Abarca 77.000 Km2 y tiene una población de 450.000 habitantes.

La obra más importante de esta zona ha consistido en la ampliación de la Central Eléctrica Provincial de Bahía Blanca con dos turbogrupos de 25 MW cada uno y en el tendido de líneas de transmisión hacia el norte y oeste de esta zona para el abastecimiento de Tornquist, Pigüé, Espartillar, Guaminí, Adolfo Alsina, Puán, Coronel Suárez, Punta Alta, Cabildo y Médanos.

La potencia instalada en esta zona en 1958 era de 26.000 kW agregándose a ellos con la aplicación del Plan 55.000 kW. El consumo por habitante que era de 160 kW/hora se acerca a 250 kW/hora.

Zona V: Comprende esta zona localidades que representan el menor valor de producción y consumo energético resultando por ello poco apta para el establecimiento de sistemas de alta tensión con generación centralizada. Su actividad económica preponderante es agrícola y ganadera resultando prácticamente nula la de índole industrial. Comprende una superficie de 44.000 km2 en la que viven alrededor de 230.000 habitantes.

Se ha construido una Central Regional en Pehuajó con líneas que permiten abastecer Trenque Lauquen y Carlos Casares. Cuando se concluya la línea Carlos Casares-Nueve de Julio actualmente en construcción quedará vinculado este sistema con el de la zona II con base en Chivilcoy.

Al proyectarse el Plan había instalados en esta zona 7.000 kW a los que se han agregado 11.000 habiéndose previsto elevar el consumo por habitante de 75kW/hora (año 1958) a 110 kW/hora.

Otras realizaciones del Plan: Además de las obras citadas se previó en el Plan la partida necesaria para la adquisición y montaje de grupos electrógenos por un total de 50.000 kW con destino a localidades no abastecidas por sistemas regionales. Se incluyó una partida también para la compra de convertidores, subestaciones transportables y materiales para la reestructuración de redes de media y baja tensión.

En resumen debemos señalar que la ley que hemos analizado autorizó a DEBA a:

- instalar 190.500 kW y a realizar obras para un mejor aprovechamiento de la potencia instalada en San Nicolás, Chivilcoy y Mar del Plata, ascendiendo la potencia a incorporar a 316.500 kW;

- construir alrededor de 2.400 km de líneas de alta tensión con subestaciones transformadoras con una potencia total de más de 300.000 kw.

Antes de finalizar recordemos que el crédito previsto para la ejecución de estas obras fue de $ 3.894.000.

Plano de Obras Eléctricas



Llamadas del texto que antecede

[1] El Suministro de Energía Eléctrica en la Provincia de Buenos Aires, Taller de Impresiones Oficiales, fascículo XVI, pág. 157, La Plata, 1939.

[2] Las Cooperativas Eléctricas de la Provincia de Buenos Aires, editado por la Asociación de Productores y Distribuidores de Electricidad en Buenos Aires, año 1942, pág. 8

[3] El Suministro de Energía , pág. II y III.

[4] Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de 1934, Tomo II, pág. 643/4.

[5] Diario de Sesiones, Tomo II; pág. 679 y siguientes.

[6] El Suministro de Energía, pág. 68 y 69.

[7] El Suministro de Energía, pág. 15.

[8] Provincia de Buenos Aires, ley 4742, art. 3.

[9] El Suministro de Energía, pág. 106 y 107.

[10] Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores, año 1947.

[11] Provincia de Buenos Aires, ley 5156, art. 16.

[12] Provincia de Buenos Aires, Decreto-Ley 7823, del 18 de mayo de 1956, art. 7°.


Breve actualización. Algunos datos sobre la evolución reciente del sector con respecto a su organización y energías renovables

1. Decreto Nº 2.536 del 1-7-93.

Por este acto administrativo, dictado en ejercicio de una facultad delegada por la Legislatura (Art. 8º de la ley Nº 11.184) el Poder Ejecutivo creó el Ente Provincial Regulador Energético (EPRE), como una entidad autárquica de la Administración bonaerense.

Receptando una decisión adoptada por la ley Nº 10.904 incorpora en su competencia disposiciones destinadas a ejercer la participación de la Provincia a todos los recursos energéticos, en concordancia con la trascendencia que estos tienen en el presente y futuro de la misma, considerando que se trata de la jurisdicción que registra el mayor consumo energético en el País.

En relación con el tema que nos ocupa caben destacar las siguientes atribuciones contenidas en el artículo 3º:

1.2. Realizar los estudios para predecir el comportamiento más probable de los requerimientos de energía en el mediano y largo plazo: por usos, por sector de actividad económica y por fuente o forma de energía.

1.3. Evaluar la conveniencia de las distintas alternativas de abastecimiento de los requerimientos esperados en el mediano y largo plazo por usos, por sector de actividad económica y por fuente o forma de energía.

1.4. Elaborar el Balance Energético Integral (B.E.I.) de la provincia; evaluar escenarios energéticos alternativos; realizar análisis de sustitución entre fuentes para distintos usos energéticos; analizar la eficiencia en la utilización y en la producción o transformación de energía en territorio provincial; evaluar los proyectos de inversión en el sector que comprometan recursos de capital del estado provincial.

1.14. Participar en conjunto con Universidades, Institutos y otros entes en el relevamiento, investigación, experimentación y desarrollo de fuentes renovables y de nuevas tecnologías de aprovechamiento de las mismas.


2. Ley Nº 11769 sancionada el 4-1-96.

Por esta ley la Honorable Legislatura de la provincia de Buenos Aires adoptó, siguiendo en sus grandes líneas lo concretado a nivel nacional, un nuevo esquema de organización del sector eléctrico provincial.

Se dividió el proceso técnico involucrado en tres etapas: Generación, Transporte y Distribución, caracterizándose a las dos ultimas como servicio público y determinándose que la primera, cuando estuviese destinada (total o parcialmente) al abastecimiento de energía a un servicio público, será considerada de interés general, afectada al servicio respectivo y encuadrada en las normas legales que aseguren el normal funcionamiento del mismo.

Recogiendo una realidad bonaerense, se regula la existencia de concesionarias provinciales y municipales, se admite la existencia entre éstos últimos de entes cooperativos y se crea un Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias tendiente a asegurar que los importes finales unitarios máximos a pagar por cada categoría de usuario sean equivalentes en todo el ámbito de vigencia de la ley, haciendo realidad el principio previsto en el Pacto Federal Eléctrico de igual precio por igual uso y modalidad de consumo.

Se establecieron las atribuciones de la Autoridad de Aplicación (EPRE), se creó un organismo de control (OCEBA) y complementariamente se fijaron atribuciones de los Municipios respecto del control de la prestación del servicio público de distribución.

Finalmente, se enumeran los derechos de los usuarios incorporándose disposiciones sobre el procedimiento a observar y el control judicial.

3. Ley de Ministerios Nº 12.355 del 9-12-99 (artículo 39) y Dto. Nº 35/99.

Por estas disposiciones se suprimió el Ente Provincial Regulador Energético (EPRE), ente específico dotado de autarquía igual que sus antecesores DEMBA y DEBA desde el mes de noviembre de 1956 y se encomendó la actividad del mismo a la Dirección Provincial de Energía y a la Unidad de Ejecución de Proyectos y Obras Electromecánicas.

4. Decreto Nº 1.716 del 26-6-92.

Por este acto administrativo el Poder Ejecutivo declaró de interés provincial:

a) Nuevas tecnologías aplicadas a fuentes tradicionales.

b) Nuevas fuentes renovables.

c) Uso racional de la energía disponible preservando el medio ambiente.

En concordancia con ello encomendó a la Dirección Provincial de la Energía (ex EPRE) la misión de promover la utilización de nuevas fuentes renovables, facultándosela para instrumentar la infraestructura necesaria para brindar apoyo técnico a los posibles usuarios.

5. Ley Nº 11.723 sancionada el 9-11-95

Por esta norma, se ha regulado todo lo atinente a la protección, conservación, mejoramiento y restauración de los recursos naturales y del ambiente en general en todo el ámbito de la provincia.

En el título III, capítulo IV, artículos 52 a 54, denominado "De la energía" se encomienda al EPRE:

Inciso a) la investigación, desarrollo y utilización de nuevas tecnologías aplicadas a fuentes de energía tradicionales y alternativas.

Inciso b) el uso de la tecnología disponible preservando el medio ambiente.